El intendente saliente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro (JxC), brindó una entrevista exclusiva con LG PLAY en la que hizo un balance de lo que fue su gestión y expuso los números del Municipio al final de su mandato. Planillas en mano, el líder del Partido por la Justicia Social brindó detalles de los recursos que maneja la Intendencia y evidenció que la coparticipación que recibe de la Provincia representa menos del 5% de los recursos mensuales y que los goteos son semanales.
De acuerdo a la información que brindó el jefe municipal, en base a los números del banco de cabecera, en septiembre la Municipalidad obtuvo recursos por un total de $5.216 millones. De ese monto, sólo $222 millones provienen de la coparticipación provincial. Según las planillas, el Poder Ejecutivo hizo giros semanales por $42,5 millones, $64,2 millones; $82,3 millones; y $33,4 millones.
La Ley de Coparticipación establece en su artículo sexto que el Tesoro provincial debe transferir a cada municipio los dineros de la masa coparticipable de forma “diaria y automática” en los porcentajes que se establecen en el artículo segundo de la norma.
El grueso de los recursos de San Miguel de Tucumán proviene de la coparticipación nacional (Ley 23.548), siendo $2.894 millones. La recaudación propia alcanza los $2.059 millones en la Capital y el fondo de financiamiento educativo es de casi $40 millones.
Distribución
El Gobierno de la Provincia coparticipa a través de las Leyes 6.316 (de 1991) y 6.650 (de 1995) recursos tributarios a los municipios y comunas. Dentro de la masa coparticipable de la primera norma se incluye el 16,5% de todos los impuestos de origen nacional (el 89% de lo recaudado por IVA; el 100% de Ganancias; el 100% de Impuestos Internos, entre otros). También se reparte el 85% de lo recaudado por Impuesto Automotor y el 12% del Impuesto Inmobiliario.
En esta norma no se contempla Ingresos Brutos, impuesto que representa alrededor del 80% de lo que recauda la Provincia.
Controversia
El modo en que la Provincia distribuye los fondos a los municipios que se encuentran dentro del Convenio Consensuado de Fondos Unificados (antes conocido como “Pacto Social”, Ley 8.829) quedó envuelta en una controversia como consecuencia de las acusaciones realizadas por los intendentes radicales de Bella Vista, Concepción y Yerba Buena. Sebastián Salazar, Alejandro Molinuevo y Mariano Campero. Estos denuncian que el Gobierno hace un reparto discriminatorio y discrecional de la masa coparticipable -reintegrable y no reintegrable-, según su signo político, algo que fue rechazado completamente por el Poder Ejecutivo.
El gobernador electo Osvaldo Jaldo anticipó que en su gestión tiene previsto eliminar el “Pacto Social”. Este mecanismo, que nació en el 2000, procura garantizar a los municipios que suscriban dicho convenio el pago de los sueldos y los recursos necesarios para el normal funcionamiento a cambio de que estos cedan los fondos que les corresponden por coparticipación nacional y provincia.
Los radicales sostienen que no sólo se debe eliminar el “Pacto Social”, sino que debe haber un nuevo régimen de coparticipación. Afirman que, de lo contrario, a los municipios les llegarán menos recursos de los que necesitan para funcionar.
Ante la Justicia
En la jornada de ayer, Salazar y Molinuevo, con el auspicio legal del abogado constitucionalista Antonio Hernández, presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de las normativas porque -plantearon- lesionan con ilegalidad y arbitrariedad la coparticipación impositiva a las municipalidades.
También solicitaron que se disponga una medida cautelar innovativa por los fondos no reintegrables. Requirieron que la integridad de la masa coparticipable se distribuya de acuerdo con los porcentajes establecidos en la norma que determina la coparticipación para municipios y comunas.
Campero, a su vez, adelantó que por una cuestión de estrategia jurídica él impulsará las acciones ante la Corte Suprema de la Nación la próxima semana.